España no suspendió por falta de conocimiento: suspendió por falta de vergüenza. Las víctimas merecen memoria, justicia y reparación. Y el país, una reconstrucción institucional que no vuelva a abandonar a quienes más dependen de él. La próxima crisis llegará; la pregunta es si estaremos del lado de los mayores… o del lado de las excusas apoyando a la gentuza política.
La pandemia dejó una verdad incómoda y brutal: el COVID-19 golpeó con especial saña a los mayores. Las residencias españolas fueron un epicentro de contagios, fallecimientos y denuncias por negligencia. España comparte con otros países un impacto letal altísimo en centros de larga estancia, pero en España se combinaron una cadena de déficits estructurales con protocolos controvertidos y opacidad institucional que empujaron la mortalidad a niveles evitables. No fue mala suerte: fue mala gestión lo que aumentó la mortalidad COVID a nivel nacional.
Datos de muertes por COVID-19 en España
Inicialmente, todas las cifras fueron falsificadas, todos los resortes de todos los colores del sistema político fueron activados para enmascarar la realidad. En todos los centros hospitalarios y hasta en los juzgados se escribían causas diferentes al COVID en los certificados de defunción. Lo tenían fácil, la mayoría eran ancianos y a esas edades se suele convivir con varias afecciones.
Hasta los jueces sobreseían a los denunciados por no llevar mascarilla, ya que en ningún momento se consideró un delito contra la salud pública. Cuando no se pudo tapar, se empezaron a dar cifras que se acercaban más a la realidad. Luego, con el paso del tiempo se ha ido reconociendo el cómputo global por exceso de mortalidad para estimar muertes por COVID tanto a nivel mundial como en España cuando hay infradiagnóstico.
Estudios apuntan a que la fracción del exceso atribuible a enfermedades infecciosas fue 99% (2020), 88% (2021) y 55% (2022). En 2022, con ómicron, la letalidad cambió de perfil pese a la alta transmisión.
- 2020 (identificado + sospechoso): 74.839
2021 (identificado): 39.444
2022 (identificado): ≈31–32 mil
2023 (identificado): 7.940
Total 2020–2023: ≈153–154 mil muertes relacionadas con COVID (el salto de 2020 incorpora “sospechosos” por falta de test).
Estimación razonable: alrededor de 140.000 fallecidos reales por la pandemia del COVID en España, conciliando certificados y exceso (con subregistro, atribuciones indirectas y mayor impacto en muy mayores con comorbilidades).
Según datos del Ministerio de Sanidad y JHU, el número de fallecidos es el siguiente:
Pensiones “ahorradas por muertes por COVID”: la contabilidad cínica del desastre
- En 2020, el 92,5% de las muertes por COVID “virus identificado” fueron >65 años (INE).
- Si tomamos los 140.000 fallecidos, 129.500 serían mayores de 65. A 1.250 € de pensión media, eso supone 162 millones de € cada año que el Estado no paga.
- Traducción: más dinero disponible para que los mismos de siempre sigan malgastando o robando.
Impacto social, moral y humano de las Muertes por COVID
- El duelo sin despedida y el trauma del personal con recursos inexistentes no caben en una tabla. Familiares y plataformas han sostenido la memoria y piden verdad, justicia y reparación, incluyendo reaperturas donde ven discriminación o abandono.
- La mortalidad en residencias fue invisibilizada dos veces: infradiagnóstico y el mantra de lo “inevitable” en frágiles. Los noticiarios segmentaban de modo independiente el número de ancianos fallecidos, dándolos como fallecimientos inevitables. Ese edadismo normaliza la indignidad y rebaja los estándares.
- Responsabilidad institucional significa financiación, ratios, medicalización, transparencia y derecho a derivación hospitalaria. Honrar a las víctimas implica justicia… y reformas profundas blindadas contra la próxima crisis.
Marco penal: ¿homicidio imprudente o asesinato?
- Asesinato: matar con alevosía, ensañamiento o por recompensa.
- Homicidio imprudente: causar la muerte sin intención, por negligencia o falta de cuidado grave.
Con ~140.000 fallecidos, como poco hay homicidio imprudente. Y con letalidad conocida de la enfermedad, falsedad de datos, opacidad y ocultación, se roza el asesinato. Que lo dirima un juez… si alguna vez dejan de tapar lo que realmente sucedió.
Opacidad oficial y estadísticas a medida
- No existe registro nacional público y único de muertes en residencias con detalle por centro, fecha, causa y derivación.
- El IMSERSO cortó su informe semanal en febrero de 2023, amputando una herramienta clave de evaluación.
- Resultado: opacidad, estadísticas fragmentadas, escrutinio ralentizado y responsabilidades diluidas.
Manipulación, ruido y distracción
- Segmentación mediática para normalizar la muerte de mayores: “hoy murieron X, de los cuales Y eran mayores de…”.
- AUSENCIA de Manifestaciones: desde que acabaron las olas peligrosas, debieron convocarse una manifestación al mes hasta depurar negligencias y sentar a todos los responsables en el banquillo.
- Ecosistema de organizaciones financiadas por todos para hacer teatro: movilizar cuando conviene, desviar cuando toca.
- Hoy el foco se pone en el genocidio de Gaza. Por supuesto que, como todo genocidio, es execrable y es urgente su finalización. Las manifestaciones por Gaza se utilizan como distracción: no conseguirán absolutamente nada, ya que ese no es el camino. Para parar la exterminación del pueblo palestino habría que tomar medidas a nivel internacional que ningún país está dispuesto a tomar. Las manifestaciones son solo ruido para desviar la atención lejos de robos multimillonarios, corruptela política y responsabilidades penales por catástrofes como el COVID.
- Descoordinación sistémica: el “tonto Simón” y el “amigo Illa” quitándose la mascarilla en las ruedas de prensa y actos públicos. Las manifestaciones del 8M sin suspender, fútbol sin suspender. Todo se hacía de modo improvisado con consecuencias mortales.
Residencias COVID: Magnitud del Desastre y por qué ocurrió
- Peso específico
El observatorio LTCcovid estimó que en 2020 los residentes de larga estancia representaron alrededor del 41–50% de todas las muertes por COVID-19 en numerosos países. Vulnerabilidad sistémica, sí; pero en España se agravó el número de fallecidos en residencias COVID por comunidades debido a fallos propios. - Vulnerabilidad intrínseca de los residentes
Edad extrema, multimorbilidad y reservas fisiológicas mermadas en entornos de alta dependencia: mayor riesgo de neumonía grave, trombosis y fallecimiento, especialmente en varones de edad muy avanzada (patrón observado por OMS e INE). - Entornos que facilitan la transmisión
Habitaciones compartidas, comedores y actividades grupales sin ventilación adecuada al inicio; centros grandes con alta rotación de personal: más entradas del virus y cadenas internas más largas. Cuando coincidió con saturación hospitalaria, la letalidad se disparó. - Negligencias y ausencia de recursos
Sin habitaciones individuales suficientes ni zonificación rápida, los brotes fueron explosivos. Faltaron EPI y pruebas diagnósticas durante semanas; sin test ni aislamiento real, la cadena de contagios siguió viva. Con restricciones de derivación, las muertes aumentaron, especialmente en Madrid. - Personal subdimensionado y sin formación específica
Ratios insuficientes, casi nula capacitación en control de infecciones, precariedad contractual y absentismo por contagios o cuarentenas: imposible sectorizar, hidratar, alimentar y dar paliativos como se debía. Y sí, era una enfermedad de alta mortandad: el personal también se protegía como podía. - Dualidad competencial tóxica
Sanidad por un lado, servicios sociales por otro. Coordinación irregular: medicalización tardía o insuficiente y barreras de acceso hospitalario en los picos de la primera ola. Resultado: residentes sin oxigenoterapia, monitorización ni soporte intensivo en el peor momento.
Protocolos COVID Residencias: tardíos, contradictorios e inasumibles
- Órdenes y guías estatales
La Orden SND/265/2020 (19 de marzo) fijó higiene, sectorización, aislamiento y coordinación con AP y hospitalaria. Sobre el papel, perfecto; en la realidad, charlatanería: metas inalcanzables para centros sin medios, textos redactados por burócratas que no conocían la realidad de los centros y que buscaban cubrirse la espalda. - Criterios autonómicos y derivaciones
Las comunidades emitieron protocolos propios. Los protocolos COVID de la comunidad de Madrid fueron cambiando criterios sobre la marcha, aprobando documentos el 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020. En paralelo, otras autonomías apostaron por medicalizar residencias y unidades móviles, con efectos distintos en la letalidad. - El triaje más polémico
Criterios de exclusión por discapacidad o dependencia durante el colapso; geriatras de enlace como filtro. Parte del personal sanitario rechazó esos protocolos por discriminatorios. Hoy su cronología está bajo investigación penal.
Ayuso dejó las Residencias de Madrid a merced del COVID
- Los 7.291 sin traslado (marzo–abril 2020): sigue la disputa. La Comunidad intenta rebajar cifras; exresponsables y familias siguen sosteniendo el dato más alto, citando informes diarios y comunicaciones a Fiscalía. También hubo cuerpos sin retirar durante horas: pura desorganización.
- En 2024–2025 se reabrieron diligencias y se citó a altos cargos como investigados por protocolos de exclusión. NO PASÓ NADA. TODOS SIGUEN EN LA CALLE.
Fallecidos de COVID por comunidades: dónde y por qué murieron más
- INE y EPData muestran que Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha concentraron gran parte de las muertes en las primeras olas, por intensidad de transmisión y saturación hospitalaria.
- Cualquier comparación debe ajustarse por edad, tamaño poblacional y plazas hospitalarias.
- El exceso de mortalidad es un corrector crítico de infradiagnóstico y efectos indirectos (atención demorada, colapso), muy útil para evaluar el impacto real en residencias.
Subfinanciación crónica = peores resultados
- Análisis económicos (FUNCAS, FEDEA) describen inversión insuficiente, ratios de personal deficientes, ausencia de planes de contingencia, medicalización limitada y coordinación sociosanitaria fallida. En la primera ola, todo eso pasó la factura… en vidas.
Negligencias, denuncias e investigaciones
- Reactivación 2024–2025: Fiscalía y juzgados reabren diligencias; altos cargos investigados por su papel en los protocolos. Familias han impulsado denuncias colectivas, logrando reabrir causas tras archivos previos.
- Amnistía Internacional, mediante el informe “Abandonadas a su suerte”, diciembre 2020) dice bien claro: EPIs escasos, ausencia de tests, restricciones de derivación no individualizadas, foco especial en Madrid. Por tanto, se vulneraron derechos: exigen investigaciones efectivas y rendición de cuentas.
- Abandono y falta de atención: testimonios de cadáveres sin retirar durante decenas de horas y personal exhausto sin refuerzos. Eso también va a juicio.
Qué se debe (y debió) hacer
- Registro público único y trazable de muertes en residencias: por centro, fecha, causa y derivación.
- Datos abiertos en tiempo real: fin de la opacidad, auditoría independiente.
- Financiación suficiente con ratios obligatorias y formación en control de infecciones.
- Medicalización real de residencias y vía preferente de derivación hospitalaria basada en criterios clínicos individualizados, no en edad o discapacidad.
- Planes de contingencia ejecutables (no panfletos), con EPI y test garantizados.
- Coordinación Sanidad–Servicios Sociales bajo mando único en crisis, con responsabilidades claras.
- Investigaciones penales y disciplinarias hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga.
- Reconocimiento y reparación para familias: memoria, apoyo psicosocial, acceso a la justicia y compensaciones cuando se acrediten daños por fallos institucionales.
Responsabilidades políticas
Hasta ahora, ninguna. En el paraíso de los delincuentes como mucho caerá algún mindundi negociado a puerta cerrada, a cambio de favores para su familia. Si los juicios vuelven a ser la pamema habitual para blanquear a los responsables, la respuesta ciudadana ha de ser contundente: más manifestaciones, no menos, mes a mes, hasta sentar en el banquillo a todos los implicados, del color que sean.