En España, la corrupción no es una excepción: es una práctica incrustada en las estructuras del poder político, empresarial, judicial y mediático. No se trata de «manzanas podridas» sino de un ecosistema diseñado para proteger y alimentar al corrupto. Este artículo expone, sin tapujos ni fórmulas vacías, las medidas más contundentes y realistas para erradicarla.
CÓMO ACABAR CON LA CORRUPCIÓN POLÍTICA
1. Enriquecimiento injustificado: delito automático
Si un político no puede justificar ni un euro de su patrimonio, debe ser condenado por corrupción, inhabilitado de por vida y encarcelado. Inversión de la carga de la prueba. El que no puede demostrar, miente.
2. Inhabilitación perpetua por corrupción
Un cargo público condenado por corrupción queda expulsado de por vida de toda actividad política o pública. Sin excepciones, sin rehabilitación.
Nada de segundas oportunidades ni “rehabilitaciones”. Si robas una vez, te vas para siempre del sistema.
Impedimento para ocupar cargos públicos, asesorías, consejos de administración o licitaciones públicas.
3. Fin de los aforamientos
Ningún político debe tener tribunales especiales. Todos deben ser juzgados en tribunales ordinarios, sin privilegios, como cualquier ciudadano, sin escudos judiciales.
Hoy, más de 10.000 personas en España están aforadas (incluidos diputados autonómicos). Es inaceptable.
4. Eliminación de donaciones privadas a partidos
Todas las campañas deben financiarse solo con fondos públicos auditados. Empresas que hayan donado a partidos quedan fuera de cualquier contratación pública durante 10 años.
Idem para los bancos. Todo banco que condone una deuda a un partido político ha de ser condenado a pagar la cantidad condonada multiplicada por 10 y expulsión de los miembros del Consejo de Administración, así como de la Comisión Ejecutiva, a la vez que inhabilitarlos para el ejercicio de su profesión en cualquier otro banco y empresa privada que pueda optar a contratos públicos.
5. Responsabilidad penal de los partidos
Si un partido se financia ilegalmente o encubre delitos, el partido como persona jurídica debe disolverse o quedar inhabilitado electoralmente. El partido responde como una empresa criminal.
Sin esta medida, los partidos seguirán funcionando como estructuras de encubrimiento de delitos.
6. Patrimonio público y obligatorio cada seis meses
Todos los cargos públicos deben declarar su patrimonio, cuentas, propiedades y activos cada seis meses, y estos datos deben ser públicos. Cruce automático con Hacienda.
7. Protección legal a denunciantes
Ley que garantice que cualquier persona que denuncie corrupción debe tener anonimato total garantizado, protección judicial y recompensa económica proporcional al dinero recuperado.
La Ley 2/2023 de 20 de febrero creada a tal fin realmente no es una ley de protección a los denunciantes, sino que protege a los ladrones. Además, también supone una vía de atenuación de condena para los delincuentes colaboradores.
8. Fiscalía Anticorrupción totalmente independiente
Elegida sin intervención del Gobierno ni del CGPJ, con presupuesto blindado y mandato fijo. Que no responda a ningún partido.
9. Supresión total de puertas giratorias
Cargos públicos y jueces no podrán trabajar para empresas privadas que se hayan beneficiado de sus decisiones hasta 10 años después de dejar el cargo.
10. Medios bajo escrutinio
Los medios que oculten o manipulen información sobre casos de corrupción serán sancionados con multas proporcionales y suspensión temporal de subvenciones o licencias.
La corrupción no solo existe por el político que roba, sino por el periodista que miente o calla.
CÓMO LIMPIAR LA CORRUPCIÓN JUDICIAL
11. Órgano de control judicial
Creación de un Órgano de Control Judicial compuesto por catedráticos, juristas jubilados y algún ciudadano por sorteo que irá cambiando anualmente. Será un órgano independiente del CGPJ, con poder de inspección, investigación y denuncia. Este órgano también velará de un modo absolutamente honesto e imparcial para que se respete el principio de jurisprudencia o principio fundamental «stare decisis», que significa «mantenerse en lo decidido». Este principio establece que los tribunales deben seguir los precedentes establecidos por tribunales superiores al resolver casos similares.
12. Declaración patrimonial de jueces y fiscales
Obligatoria cada seis meses, con publicación pública y cruce con registros y Hacienda. Incrementos injustificados generan suspensión cautelar e investigación inmediata.
13. Grabación obligatoria de juicios y deliberaciones
Especialmente en tribunales colegiados como el Supremo. Solo se exceptúan casos de menores o violencia sexual. Transparencia total como garantía judicial.
14. Revisión ciudadana de sentencias sospechosas
El Órgano de Control Judicial, no solo podrá inhabilitar a jueces corruptos y ordenar su enjuiciamiento, sino que podrá solicitar la reapertura excepcional de casos con indicios de corrupción judicial.
15. Blindaje del poder judicial frente a intereses políticos
Elección de los miembros del CGPJ y del Tribunal Constitucional por sorteo entre jueces en activo con 20 años de carrera y expediente limpio, excluyendo toda designación política.
Si el poder judicial no es independiente, no hay democracia ni control real.
16. Emparejamiento del reo
Actualmente, el principio de territorialidad queda fulminado con los aforamientos, siendo estos la herramienta que habilita y potencia el delito político. Algo que suprimiremos ipso facto.
Sin embargo, creemos que el principio de territorialidad no es algo esencial e implantaremos el emparejamiento del reo al mismo juez. Todo reo que reincide una y otra vez en la comisión de delitos será juzgado siempre por el mismo juez. Esta medida es esencial para que el propio juez se dé cuenta de sus propios errores y de las consecuencias de los mismos. Sus livianas sentencias ante delincuentes reincidentes propician y fomentan el delito. Este proceder es chocante y contrasta con la severidad que los mismos jueces emplean a veces en las sentencias falladas contra ciudadanos que nunca habían cometido un delito anteriormente.